[HONDURAS.- El conflicto agrario del bajo Aguan](^3^)

La investigación fue muy rica aunque sus resultados no se publicaron como volumen académico, ya que los trabajos que asumí posteriormente consumieron el tiempo que pude haberle dedicado. Lo más rico fueron los resultados e interacciones generadas por el proceso que permitieron encontrar alianzas y caminos de solución a través de y de otros tipos que canalizaron parte importante de la energía del conflicto hacia la generación de ingreso y empleo.

conflicto agrario en el bajo agun

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El papel de UNA fue crucial en este proceso. De hecho la Escuela de Planificación y Promoción Social fue fundada por recomendación del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura para formar promotores de organización y planificadores del desarrollo. El contexto político agrario prevaleciente en la región, como se mencionó en la página correspondiente, era de emergencia. Los conflictos se hacían cada vez más explosivos y violentos presagiando la guerra de guerrillas que se desató en la región a finales de los setenta y en los ochentas. Como una luz en el fondo del túnel se visualizaban las experiencias de organización asociativa desarrolladas en Honduras e iniciadas en Costa Rica bajo la orientación de Clodomir Santos de Morais. Por tal razón Hugo Fernández Feingold, entonces miembro del gabinete del IICA y amigo y vecino del Pbro. Benjamín Núñez, rector de la naciente Universidad Nacional, me propuso, previo acuerdo con el Rector, elaborar conjuntamente el proyecto de creación de la Escuela de Promoción y Planificación Social.

Durante mi investigación sobre los conflictos agrarios me tope en los años 70 con el problema de la usurpación y atropello de que eran víctimas los pobladores originales incluso en las denominadas reservas indígenas de la zona sur, especialmente en las de Cabagra y Boruca formalmente protegidas por Ley.

Con la creación de las reservas indígenas se le asignó al Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), hoy en día Instituto de Desarrollo Rural (INDER) la medición y protección de dicho derecho. Logre obtener un plano elaborado por el ITCO en 1970 donde se mostraba el nivel de usurpación por colonos blancos algunos extranjeros con centerares de hectáreas. Logre conocer la frustración de los funcionarios por la laxitud de los tribunales y de los centros de decisión política para hacer respetar las reservas indígenas. Pude fotografiar algunas cartas notificando la usurpación y solicitando el correspondiente desalojo, que se incluyen en la página de conflictos agrarios, que fueron ignoradas por los usurpadores y el aparato institucional.

Históricamente es más abundante la literatura relacionada con el conflicto agrario y la disputa por la tenencia de la tierra en el país y así mismo el reconocimiento de un proceso de reforma agraria como uno de los temas más debatidos en la política agraria y de tierras.

La expansión de la frontera agrícola, principalmente por la colonización de la cordillera central, las vertientes de la oriental y los bosques secos tropicales de los valles interandinos, es el proceso de transformación ambiental más significativo del siglo XIX. Este proceso se desarrolló en un conflicto entre quienes impulsaban una colonización familiar, de economía campesina, y quienes buscaban la apertura de grandes haciendas, escudados en títulos heredados de la colonia o en concesiones de baldíos entregados por el Estado. Paralelo a esto se venía dando un desarrollo institucional concerniente al tema agrario.

Esta misión hizo un diagnóstico de la agricultura colombiana: el sector se caracterizaba por una baja producción, como resultado del incipiente desarrollo capitalista en el campo; las familias campesinas tenían muy bajos niveles de vida, escasa participación en el mercado, entre otros problemas, la conclusión a la que se llegó fue que el problema agrario radicaba en una mala utilización de la tierra; es decir , el enfoque que se utilizó para abordar el problema del campo colombiano fue el del tipo de uso que se le daba al suelo.

• Factores económicos: referidos a las condiciones económicas de los territorios y el modelo económico, caracterizados por ser de carácter excluyente y buscar la concentración de la riqueza, en ciertos casos motivados por el desarrollo de modelos económicos vinculados a megaproyectos y modelos de producción extractivos.

• Factores sociales: determinados por los conflictos agrarios, la inequidad y exclusión social.

• Factores políticos: vinculados a la débil presencia del Estado, a los mecanismos de corrupción de los recursos públicos y de mecanismos jurídicos para el acceso y concentración de la tierra.

• Actos ilegales de enajenación entre particulares: la compra a bajo precio puede considerarse una modalidad de despojo en contextos específicos de orden social, político, económico y cultural. Mediada por la violencia, la depreciación de los bienes muebles e inmuebles empieza a ajustar las dinámicas de mercado local y regional de propiedades en el que la persona amenazada vende por cualquier precio. Por otra parte la compra con sobreprecio es una modalidad en regiones de presencia de narcotráfico en la que se ofrece un precio mayor, no se considera como tal despojo pero conduce a dejar la propiedad en un contexto de violencia o intimidación. También se puede identificar el avalúo o depreciación del predio por factores como el conflicto armado, la compraventa de parcelas colindantes entre otros.

• Despojo por vía de hecho administrativa: adjudicación de tierras por vía administrativa puede estar afectada de ilegalidad por las más diversas razones: por falta de competencia de la autoridad involucrada; por incumplimiento de alguna de las etapas del procedimiento de adjudicación; por vulneración de derechos de terceros de buena fe; por inalienabilidad del bien; por desconocimiento de derechos constitucionales de grupos étnicos, entre otras. También se encuentra en esta categoría la revocatoria de adjudicación de predios a beneficiarios de reforma agraria y readjudicación a victimarios y adjudicación de tierras con irregularidades en zonas de colonización o de frontera.

• Despojo por vía de hecho judicial: Ilegalidad por adjudicación de derechos sobre la tierra mediante sentencias judiciales sin fundamento legal.

• Falsificación de títulos de propiedad y escrituras: La falsificación de escrituras es una técnica de despojo muy utilizada. Su principal efecto es anular formalmente ante las autoridades públicas los derechos sobre los bienes inmuebles de sus legítimos titulares mediante la falsificación de los archivos públicos sobre la propiedad de la tierra. A través de distintos actos fraudulentos se finge ante notario público la participación del legítimo titular de un bien en la constitución de una escritura pública de compraventa u otro acto traslaticio de dominio. El notario avala la escritura, la archiva y entrega una copia original a los interesados. Inmediatamente el interesado la presenta en la oficina de registro de instrumentos públicos donde se encuentre inscrito el bien inmueble y con la información contenida en la escritura el registrador procede por complicidad, coacción o ingenuidad a modificar el folio de matrícula inmobiliaria del bien con el resultado de que oficialmente se sustituye el nombre del antiguo titular por el del supuesto comprador (Machado, 2009).

La idea de soberanía alimentaria se convirtió posteriormente en aspecto central del debate agrario internacional y ha llegado a las instancias de las Naciones Unidas. En el foro de 0NG internacionales paralelo a la cumbre mundial de la alimentación de la FAO de junio del 2002, fue uno de los aspectos más debatidos al insistir en que la soberanía alimentaria no es una idea meramente negativa de oposición al neoliberalismo, ni está en contra de los intercambios, sino de la prioridad dada a las exportaciones. La soberanía alimentaria permite reconocer a los pueblos la seguridad alimentaria, al mismo tiempo que intercambian con otras regiones unas producciones específicas que constituyen la diversidad de nuestro planeta. También exige un comercio internacional justo y propone que en un ámbito de igualdad de los países y bajo el auspicio de la ONU, los intercambios comerciales sean dotados de un nuevo marco en el que las política agrícolas apoyen una agricultura campesina sostenible en el Norte y en el Sur y garanticen el derecho a la alimentación de la población, preserven el medio ambiente y estén protegidas contra el dumping.

Por nuestra experiencia, este trabajo de reflexión puede ser difícil de iniciar, dado que todos tendemos a posponer estas cuestiones que no siempre son fáciles de responder, pero si lo iniciamos y hacemos un buen trabajo de reflexión, podemos prever cualquier potencial conflicto o inconveniente en el reparto patrimonial, nos estaremos asegurando de que hemos hecho todo lo posible por reflejar nuestra voluntad y sin duda estaremos ayudando a evitar conflictos posteriores en la herencia.

Las transformaciones económicas, políticas e institucionales sucedidas en los territorios agro-rurales durante los últimos 50 años dan cuenta de la importancia que han cobrado las tecnologías (y su acceso) como un factor de diferenciación social que ha profundizado las desigualdades entre los actores agrarios y también las de género. Las perspectivas que refieren al trabajo en red y a la centralidad de capital financiero y tecnológico como articulador de las acciones han señalado los desplazamientos analíticos y las limitaciones de los enfoques centrados en la EAP y el productor.

Los supuestos y representaciones sobre la actividad agropecuaria y los sujetos agrarios sobre los que se han construido los censos anteriores ponían el foco en el acceso a la tierra, mientras que la vinculación con el capital y el trabajo aparecían como aspectos complementarios. En este sentido, el de 2018 parecería ser un censo de transición que, manteniendo las unidades analíticas centrales para la comparación intercensal (con los Censos de 1988 y 2002), intenta incorporar nuevas categorías y variables que permitan adaptar sus herramientas al estudio de las dinámicas que el paradigma del agronegocio ha impuesto en los territorios agro-rurales de nuestro país. 2ff7e9595c